Cierre de la frontera Colombo Venezolana

Con la aplicación de un Estado de Excepción en los municipios fronterizos con Colombia aunado al cierre de la frontera anunciado por el presidente  Nicolás Maduro, ha habido múltiples deportaciones de ciudadanos colombianos, acto que ha encendido las alarmas en el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Santos, estaría intentando un diálogo directo con Maduro, según dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien encabezó una comisión enviada a Cúcuta para tratar la situación, que a su juicio genera un problema social de gran dimensión por la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, así como grandes pérdidas económicas.

En Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander, el Gobierno instaló además un Centro de Mando Unificado en el que trabajan funcionarios de la Gobernación regional, la Alcaldía, la Cancillería, la Policía y otras instituciones del Estado. “Concentraremos todas las tareas en manejar la situación de frontera y los deportados”, explicó el ministro Cristo.

Cúcuta está comunicada con las ciudades de Ureña y San Antonio, que hacen parte del estado venezolano de Táchira, por el puente internacional Simón Bolívar que transitan a diario decenas de miles de personas y vehículos en un incesante flujo comercial.

El puente fue cerrado en la medianoche del miércoles por orden de Maduro, inicialmente por un periodo de 72 horas, después de que tres miembros de la fuerza armada venezolana y un civil resultaran heridos en un presunto enfrentamiento con contrabandistas. Esa medida, que en un principio no causó mayor preocupación al Gobierno colombiano, se agravó el viernes con el anuncio de Maduro de que el cierre del paso fronterizo se prolongará.

Ese nuevo anuncio motivó un rechazo del presidente Santos, quien lamentó las medidas unilaterales, pues consideró que “cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los únicos que ganan son los delincuentes” a los que justamente se quiere combatir.

Según cuenta EFE, todo empeoró cuando empezaron a llegar a Cúcuta decenas de colombianos deportados por estar indocumentados, según las autoridades venezolanas, que pusieron en marcha una revisión “casa por casa” en San Antonio como parte del estado de excepción en la zona fronteriza del Táchira también ordenado por Maduro. 

Ante el incremento de las deportaciones el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió al Gobierno de Venezuela que “se respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas por las autoridades venezolanas, de conformidad a las normas internacionales vigentes”.